Ayer debatimos la propuesta de actualización del inventario municipal. Doce años después se incluye en él la sede de la policía, que costó más de un millón de euros. También 15.000 € en material informático comprado en el último año a un mismo proveedor. Del resto de compras no hay noticia, porque es mucho lío el ir sumando al inventario lo que se compra.

Se planteó una modificación presupuestaria para incluir 8.800 € en materiales de unas obras del Consejo Comarcal realizadas este verano destinadas a renovar la impermeabilización de los estanques de El Coso, sustituir adoquines en el parque Juan Carlos I y arreglar un socavón en la calle José Marquez. 

Los 4 peones que participaron en el programa, sin formación en albañilería, cobraron un sueldo de 1.713 € al mes (2.368 € brutos). Un 40% más que la media del municipio según los datos de 2021 de la Agencia Tributaria. Pero está muy feo criticar esto, porque hay que ‘dignificar’ el trabajo, nos espetaron desde el PSOE. Claro que sí.

Estamos en contra de toda desigualdad legal, y por tanto de la Ley de Amnistía. Pero el pleno no es lugar para hablar de esos asuntos. Decidimos no participar en la votación, manifestando que por nuestra parte podían instar a Pedro Sánchez a que pare la amnistía, a Putin a que se deje de guerras o a San Pancracio para que arregle el pastel que tenemos.

Por unanimidad salió adelante la propuesta de instar a la redacción de una Ley de Financiación Local, enmendada por el PP para añadir la petición de un reparto justo entre comunidades autónomas. Como proyecto liberal entendemos que hay que descentralizar el gasto al máximo, pues eso permitirá que tomemos conciencia de cómo se gasta el dinero público.

Por último, rogamos al equipo de gobierno que atienda las peticiones de las personas con movilidad reducida. Que habiliten medios de contacto para conocer los problemas que dificultan su día a día y priorizar junto a ellos en qué orden abordarlos, pues la mayoría de sus demandas son pequeñas acciones de muy bajo coste.